En el aniversario del femicidio de Laura Iglesias, trabajadora social de la Provincia de Buenos Aires – Argentina, desde la Federación Internacional de Trabajadores Sociales para América Latina y el Caribe (FITS ALC) compartimos esta reflexión elaborada por colegas que mantienen viva su memoria y su legado profesional.
Su historia continúa interpelando a nuestra profesión y a nuestras sociedades acerca de las múltiples expresiones de la violencia contra las mujeres, así como sobre la necesidad de fortalecer políticas de prevención, protección y acceso a la justicia. También nos invita a reflexionar sobre las condiciones en las que trabajadoras y trabajadores sociales desarrollan su labor cotidiana en contextos complejos, muchas veces atravesados por situaciones de violencia y vulneración de derechos.
A continuación, compartimos el texto elaborado por sus colegas.
La historia de Laura Iglesias representa una de las expresiones más dolorosas de la violencia laboral sufrida por profesionales que desarrollan tareas sociales en contextos de vulnerabilidad y desprotección institucional. Laura era trabajadora social del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y fue asesinada el 29 de mayo de 2013 mientras cumplía funciones en un caso vinculado a niñez y violencia familiar en la localidad de Miramar. Su femicidio conmocionó profundamente a la sociedad y expuso las condiciones de riesgo a las que se enfrentan diariamente quienes trabajan en territorio acompañando situaciones de extrema complejidad social.
El caso de Laura Iglesias trascendió lo individual para convertirse en un símbolo de la lucha por condiciones laborales dignas y seguras para trabajadores y trabajadoras sociales. Su asesinato evidenció la falta de protocolos adecuados de seguridad, el aislamiento institucional y la ausencia de acompañamiento estatal en intervenciones que implican contacto directo con situaciones de violencia, abuso, consumo problemático y conflictividad social. Muchos/as profesionales realizan visitas domiciliarias solos/as, en horarios extensos y en contextos donde la integridad física y emocional puede verse seriamente amenazada.
La labor del Trabajo Social implica un compromiso humano profundo con las personas más vulnerables de la sociedad. Sin embargo, ese compromiso muchas veces se desarrolla en escenarios atravesados por desigualdad, violencia estructural y precarización laboral. Los y las trabajadores/as sociales no solo enfrentan desgaste emocional y psicológico, sino también agresiones físicas, amenazas y situaciones de exposición permanente. A pesar de ello, continúan sosteniendo redes de asistencia, protección y acompañamiento fundamentales para las comunidades.
Recordar a Laura Iglesias significa también reclamar políticas públicas que garanticen condiciones seguras de trabajo. Resulta indispensable fortalecer equipos interdisciplinarios, implementar protocolos de prevención y actuación frente a situaciones de riesgo, asegurar acompañamiento institucional y brindar capacitación permanente en seguridad laboral y abordaje de conflictos. Asimismo, es necesario reconocer socialmente la importancia del Trabajo Social como profesión esencial en la defensa de derechos humanos y en la construcción de una sociedad más justa.
La muerte de Laura no debe quedar reducida a una tragedia aislada. Su historia interpela al Estado, a las instituciones y a la sociedad en su conjunto sobre la responsabilidad de proteger a quienes dedican su vida a cuidar y acompañar a otros. Hablar de Laura Iglesias es dar voz a miles de trabajadores sociales que diariamente ponen el cuerpo y la sensibilidad al servicio de los sectores más vulnerables, muchas veces en condiciones de riesgo invisibilizadas. Su memoria continúa siendo bandera de lucha por justicia, reconocimiento y condiciones laborales dignas y seguras para todos y todas los las profesionales del ámbito social.
Si bien el caso de Laura Iglesias tuvo una gran repercusión pública, no constituye un hecho aislado en América Latina. Diversos antecedentes en la región muestran que las y los profesionales de la intervención social se encuentran frecuentemente expuestos a situaciones de riesgo durante el ejercicio de sus funciones.
En países como México, Colombia, Brasil y Chile se han documentado agresiones físicas, amenazas, hostigamientos e incluso homicidios de profesionales vinculados a áreas de protección de derechos, desarrollo social, niñez, género y salud comunitaria. En muchos casos, estas situaciones se producen durante visitas domiciliarias, intervenciones territoriales o actuaciones relacionadas con denuncias por violencia intrafamiliar, abuso infantil o conflictos comunitarios.
En Colombia, por ejemplo, trabajadores/as sociales y profesionales de organismos de protección de la infancia han denunciado reiteradamente amenazas por parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales al intervenir en territorios afectados por el conflicto social y la violencia. Del mismo modo, en México se registran situaciones de intimidación hacia profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, trata de personas y derechos humanos.
Brasil también presenta antecedentes de agresiones a trabajadores/as sociales en el marco de intervenciones realizadas en comunidades atravesadas por altos niveles de violencia urbana. El Consejo Federal de Servicio Social ha impulsado numerosas campañas reclamando condiciones laborales seguras, protocolos de actuación y garantías institucionales para el ejercicio profesional.
Estos antecedentes permiten comprender que los riesgos enfrentados por las y los trabajadores/as sociales no responden únicamente a situaciones individuales, sino que constituyen una problemática estructural vinculada a la creciente complejidad de las demandas sociales y a la insuficiencia de recursos institucionales para garantizar intervenciones seguras.
A partir del caso de Laura Iglesias, diversos colegios profesionales, federaciones y organizaciones de Trabajo Social de América Latina fortalecieron sus reclamos en torno a la necesidad de implementar protocolos de seguridad laboral, equipos interdisciplinarios, acompañamiento institucional en intervenciones de riesgo y políticas públicas orientadas a proteger a quienes trabajan diariamente en la defensa y promoción de derechos.
En este sentido, Laura Iglesias se ha convertido en un símbolo regional de la lucha por condiciones dignas y seguras para el ejercicio profesional. Su memoria continúa interpelando a los Estados y a las instituciones acerca de la responsabilidad de garantizar entornos laborales que resguarden la integridad física, psicológica y emocional de las y los trabajadores sociales que desarrollan su labor en contextos de alta vulnerabilidad social.
Desde FITS ALC acompañamos este ejercicio de memoria colectiva y reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la justicia social y el fortalecimiento de condiciones de trabajo seguras, dignas y saludables para las trabajadoras y los trabajadores sociales de América Latina y el Caribe.
Comisión de las Naciones Unidas de la FITS-ALC