Los 17 países que formamos parte de la Federación Internacional de Trabajo Social para la Región de América Latina, de la cual participa la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales “FECTS”, nos unimos a la declaración de repudio y denuncia por el asesinato de la trabajadora social Cristina Bautista, lideresa indígena y gobernadora del Cabildo Tacueyó, en el Municipio de Toribio, Cauca. Los partes de prensa reportan que nuestra compañera realizaba labores de control territorial como parte de la guarda indígena en el ejercicio legítimo de defensa de sus territorios. No solamente asesinaron a la trabajadora social que fungía como Gobernadora y a los guardias, sino que atacaron a las personas de la comunidad que salieron a protegerlos.
La Gobernadora de 42 años, recientemente había obtenido el título de trabajadora social en la Universidad del Valle en Colombia. Desde la Universidad la compañera trabaja el tema de los derechos humanos y la organización comunitaria. La profesional fue fundamental en la implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia (FARC) en el territorio. Sus últimas palabras registradas en una grabación fueron: “Estoy convencida de que somos más los que queremos la paz que los que quieren la guerra”.
La problemática de inseguridad que viven los líderes comunitarios, trabajadores sociales y líderes ambientalistas en nuestros países es un asunto que recaba medidas concretas de los gobiernos nacionales, las Naciones Unidas y las organizaciones profesionales. La compañera asesinada en Colombia, Berta Cáceres en Honduras y otros tantos en nuestra región no es un asunto aislado. En agosto de 2019, el Instituto para el desarrollo de estudios para la paz reportó que desde el 2016, habían asesinado 702 líderes de derechos humanos en Colombia. De acuerdo a la FECTS, los asesinatos se han intensificando año tras año, observándose dos perspectivas de lo que está sucediendo con estas muertes sistemáticas: por un lado ¨las muertes continúan¨ presentando un panorama político desde el papel que ha tenido el gobierno para frenar la situación; y por el otro un actor estatal que insiste en negar la sistematicidad de las agresiones contra líderes sociales y defensores de Derechos Humanos.
Exigimos respuestas adecuadas del estado, comenzando por la claridad en las cifras, la protección de los grupos amenazados de muerte y la toma de medidas concretas dirigidas a trabajar la inseguridad con esfuerzos concertados con las mismas comunidades y líderes.
Larry Emil Alicea Rodríguez, MTS, JD Dra. Tânia Maria Ramos de Godoi Diniz
Presidente FITS ALC Vicepresidenta FITS ALC